Al igual que en muchos otros países, la pandemia por SARS-CoV-2 en España ha requerido del sistema sanitario una respuesta para la que no estaba preparado. En consecuencia, el escenario asistencial ha pasado, de forma abrupta, de un estado de cierto equilibrio a otro caracterizado por una presión asistencial extrema, toma de decisiones en situaciones de conflicto ético y en ausencia de protocolos y guías, movilizar recursos humanos no suficientemente entrenados. A esto se le ha sumado, prestar la atención con carencias significativas en materiales y equipos. Ofrecer los niveles de calidad y seguridad en la atención habituales no ha sido posible en todos los casos.
El inevitable impacto de esta situación sin precedentes sobre los profesionales sanitarios, y otro personal de apoyo a la labor sanitaria, se ha traducido en reacciones de estrés agudo, alteraciones afectivas y psicosomáticas de intensidad y duración variables.
El término “segunda víctima” aplicado al personal sanitario ha sido utilizado en las últimas dos décadas para hacer referencia al malestar emocional que llegan a experimentar los profesionales sanitarios al cuestionarse su participación en un incidente de seguridad que ha provocado un daño al paciente o bien cuando observa que el paciente a su cargo no evoluciona adecuadamente y se cuestiona sus decisiones y actuaciones.
En el escenario actual, donde el profesional sanitario no ha contado con los medios apropiados para cuidar y curar a los pacientes, recurrimos al concepto de segunda víctima para hacer referencia a “todo profesional sanitario, o de apoyo, implicado en la atención a personas afectadas por COVID-19, que presenta respuestas de estrés agudo al verse sometido de manera continua a una situación extrema provocada por la combinación de una serie de factores críticos, entre los que se encuentran la alarma social, la sobresaturación de los servicios, la escasez de recursos y la evolución tórpida de los pacientes a su cargo”.
El malestar emocional de los profesionales, con independencia de su origen, supone un riesgo que afecta directamente a la seguridad de los pacientes y a la calidad de la atención sanitaria que estos reciben.
